El compliance como garantía de estabilidad económica

El concepto de lavado de dinero nació en Estados Unidos durante la Prohibición (1920–1933), cuando mafias como la de Al Capone usaban lavanderías y restaurantes como fachada para ocultar ganancias ilícitas. Desde entonces, el fenómeno ha evolucionado hasta convertirse en un delito autónomo reconocido globalmente, asociado no solo al narcotráfico, sino también a la corrupción, el fraude y, más recientemente, a las criptomonedas y plataformas digitales.

Este recorrido histórico nos recuerda que el lavado de activos no es un problema aislado, sino una amenaza constante para la estabilidad económica y la confianza en los mercados.

La comunidad internacional ha comprendido que combatir el lavado de activos es indispensable para preservar la estabilidad económica y la confianza en los mercados, razón por la cual se han articulado esfuerzos de gran alcance: el GAFI estableció las 40 recomendaciones que hoy constituyen el estándar mundial en prevención y control; la ONU, a través de la UNODC, impulsa la armonización legislativa y el fortalecimiento institucional en países con mayores vulnerabilidades; la OEA, mediante el GELAVEX, promueve la cooperación hemisférica en decomiso de bienes y coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera; y en Latinoamérica, el GAFILAT desarrolla evaluaciones periódicas y estudios de tipologías que permiten anticipar nuevas amenazas.

Hoy día los países buscan reforzar su participación en la lucha contra el lavado de activos, pues esto trae importantes consecuencias a nivel internacional, es el caso de Panamá, que tras haber sido incluido en la lista gris del GAFI en 2014 por deficiencias en transparencia financiera y supervisión de sectores vulnerables, el país logró salir en 2016 gracias a reformas legales y al fortalecimiento de su Unidad de Análisis Financiero. Sin embargo, en 2019 volvió a ser reincorporado a la lista por presentar 15 deficiencias estratégicas, lo que evidenció que las medidas adoptadas no habían sido sostenibles en el tiempo y que el cumplimiento requiere un esfuerzo constante y estructural.

Finalmente, en octubre de 2023, Panamá consiguió salir nuevamente de la lista gris tras implementar un plan de acción que incluyó mayor control sobre beneficiarios finales, regulación de abogados y contadores como sujetos obligados, y una supervisión más estricta en banca y seguros. Este ciclo de entrada y salida demuestra que el cumplimiento no puede ser visto como un logro puntual, sino como un proceso continuo que exige compromiso político, institucional y empresarial.

El recorrido histórico del lavado de activos y los casos recientes como el de Panamá evidencian que el compliance no es una meta alcanzada de una vez por todas, sino un proceso dinámico y permanente. La estabilidad económica y la confianza en los mercados dependen de que las organizaciones y los Estados mantengan sistemas de prevención sólidos, transparentes y sostenibles en el tiempo. Así, el cumplimiento se convierte en una verdadera garantía de estabilidad económica, pues no solo protege a las instituciones frente a sanciones y riesgos reputacionales, sino que también fortalece la credibilidad internacional y asegura que la economía funcione sobre bases éticas y responsables.