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Reputación y transparencia

¿Qué ocurre cuando la sospecha de lavado de activos toca la puerta de una empresa? Clientes que se retiran, bancos que restringen servicios y mercados que penalizan la confianza. Ese primer impacto visible es solo la punta del iceberg de un riesgo reputacional que puede erosionar la marca, encarecer el acceso al capital y comprometer la continuidad del negocio.


El riesgo reputacional por lavado de activos puede activarse por vínculos directos —operaciones de blanqueo— o por asociaciones indirectas con clientes, proveedores o socios implicados. A menudo no hace falta una condena judicial: una investigación periodística, una alerta regulatoria o una filtración de datos bastan para que la percepción pública cambie y los actores clave (consumidores, inversionistas, corresponsales bancarios) actúen para protegerse.


La transmisión del daño sigue tres frentes simultáneos. En el plano comercial se produce pérdida de clientes, cancelación de contratos y boicots; en el financiero, bancos corresponsales y fondos retiran líneas de crédito o elevan las condiciones, lo que reduce liquidez y encarece el financiamiento; en el regulatorio, la empresa enfrenta investigaciones, multas y supervisión reforzada que aumentan costos operativos y administrativos. Los medios y las redes sociales amplifican y aceleran estas reacciones, transformando una alerta en una crisis de confianza.


Las consecuencias combinan efectos inmediatos y de largo plazo: caída de ingresos y valor de mercado, sanciones y restricciones operativas, y un daño de marca que dificulta atraer talento, socios y nuevos inversionistas. Recuperar la confianza exige tiempo y evidencia de cambios reales en controles y gobernanza; las medidas cosméticas rara vez bastan y, en muchos casos, la empresa paga una prima sostenida por el riesgo percibido.


Mitigar este riesgo requiere un programa robusto de cumplimiento (KYC/AML), monitoreo continuo de relaciones comerciales, transparencia proactiva y un plan de comunicación de crisis claro. Comunicar acciones correctivas y cooperar con autoridades ayuda a reconstruir confianza, pero la recuperación depende de resultados verificables y sostenidos.


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